El Gobierno Nacional dispuso que a partir del 27 de abril de 2020 se reiniciarían las obras de construcción en Colombia. Sin embargo, la realidad será diferente, debido a las medidas recién adoptadas por la Alcaldía Mayor de Bogotá y por otras alcaldías.
Al dictar el decreto en el marco de la emergencia sanitaria, el gobierno debe buscar equilibrio de los derechos y de las necesidades de arrendadores y arrendatarios.
Ante emergencia por el COVID-19 los órganos de administración de los edificios y conjuntos deben tomar todas las medidas para prevenir riesgos en las copropiedades y para proteger la salud y la vida de los propietarios, residentes, ocupantes y visitantes.
Cada día es más complejo para los administradores y consejos de administración de edificios y conjuntos con usos residenciales, de oficinas, comerciales o mixtos , preparar las asambleas, ya que no solo deben tener en cuenta el reglamento de propiedad horizontal y la Ley 675
El Decreto Ley 2106 del 22 de noviembre de 2019, complementa la Ley 675 de 2001 y traslada a la Superintendencia de Industria y Comercio las funciones de vigilancia y control de la prestación de servicios turísticos. Es urgente la reglamentación por parte
Las normas dictadas por varios Distritos y Municipios sobre revisión general anual y control de sistemas de transporte vertical y puertas eléctricas son complementarias de la Ley 675 de 2001 de propiedad horizontal.
Tanto el proyecto del POT de la actual administración como el que presente la nueva, se cobijan bajo las mismas normas superiores como la Constitución y la Ley 388 de 1997 y por tanto son más los puntos que los unen que las diferencias que
Por . Abogada Nora Pabón Gómez
Directora del Portal InmobiliarioAlDia.com
Conocer y Aplicar las Normas es prevenir el riesgo
Han transcurrido 18 años de la expedición de la Ley 675 de 2001 y a pesar de que ha sido demandada en varias oportunidades solo parte de un
Los edificios y conjuntos deberán adoptar medidas y políticas específicas para el manejo adecuado de datos personales. El incumplimiento de las normas puede ocasionarles un detrimento económico significativo.