POT para Bogotá, ¿Hundido? o base para el definitivo
Por. NORA PABÓN GÓMEZ
Abogada directora del Portal InmobiliarioAlDia.com
Tanto el proyecto del POT de la actual administración como el que presente la nueva, se cobijan bajo las mismas normas superiores como la Constitución y la Ley 388 de 1997 y por tanto son más los puntos que los unen que las diferencias que los separan.
Uno de los grandes cambios de la planeación a partir de la Ley 388 de 1997 además de ordenar a los municipios y distritos del país adoptar los planes de ordenamiento territorial, fue establecer la participación de la ciudadanía en la discusión y ejecución de estos instrumentos de planificación.
A diferencia de la planeación anterior a la reforma constitucional de 1991, las administraciones deben asegurarse de fomentar la concertación entre los intereses sociales, económicos y urbanísticos, mediante la participación de los pobladores y sus organizaciones.
La deficiente aplicación de las normas en este sentido , así como a los principios de la norma, parece haber sido la constante desde que en la anterior administración se pretendió modificar el Decreto 190 de 2004, actual POT de Bogotá y ahora cuando terminando el periodo de los 12 años de su vigencia existe la necesidad de actualizarlo y reformarlo por la actual administración.
A diferencia de lo que ocurrió con el Decreto 364 de 2013, MEPOT, suspendido primero y declarado nulo este año por un juez que determinó que el Alcalde Petro no tenía competencia para expedir el POT por Decreto, el POT que acaba de ser negado por el Concejo de Bogotá el pasado 27 de octubre, no será adoptado por decreto y desde luego tampoco pudo producir el caos jurídico y el detrimento patrimonial de muchas personas que vieron desvalorizadas sus viviendas y sus barrios con el MEPOT y concretamente con el derogado Decreto 562 de 2014 que recogió su contenido.
Durante 4 años se surtió el proceso de preparación del POT revisando y actualizando el vigente, agotando las etapas señaladas por la Ley 388 de 1997, incluyendo la consulta a las entidades ambientales y a los ciudadanos y entidades respectivas. Para ello se contó con un equipo muy calificado dirigido por un gran conocedor del urbanismo y de la ciudad como es el alcalde Peñalosa
El POT hundido, como se ha dicho por los medios, trata importantes aspectos estructurales que durante los próximos doce años intentarían dar solución a los problemas de espacio público y movilidad de la ciudad, lo cual va de la mano con la seguridad, la tranquilidad y otros derechos que el estado debe garantizar a los particulares.
Si bien el proyecto del POT contenía aspectos acertados y otros cuestionables como el relativo a
los parqueaderos y el manejo de cubiertas de los edificios, si nos referimos a los edificios, lo cierto es que el POT se cayó por problemas relacionados con la participación ciudadana pues muchos propietarios de inmuebles consideraron que a pesar de que hubo consulta de la ciudadanía, la administración no tuvo en cuenta sus necesidades ni sus propuestas. Principalmente los de barrios tradicionales que quieren mantener su vocación residencial y a los que no les interesan los usos mixtos para que sin mucho desplazamiento pueden acceder fácilmente a la solución de sus necesidades como sucede en otras ciudades del mundo. Ya la anterior administración los había agredido con el Decreto 562 de 2014 al permitir la construcción de edificios en sectores de casas sin tener en cuenta condiciones de infraestructura para albergarlos.
La próxima administración, que es bien opuesta a la presente en la ideología y la forma de entender la planeación, tiene una gran responsabilidad con la ciudadanía; no es seguro que los barrios no vayan a sufrir modificaciones. Sin embargo, debe respetar el derecho de propiedad y los derechos adquiridos y tener en cuenta los derechos de los ciudadanos que deben soportar las cargas del ordenamiento y que por tanto deben ser compensados de acuerdo con el respeto del derecho fundamental a la igualdad.
La actual administración trabajó en muchos aspectos como en hacer una ciudad más apta para las personas con movilidad reducida y para los niños. Considero que la nueva, que recoge como uno de sus principios la cultura ciudadana, tenga en cuenta y proteja los derechos de todos los residentes y habitantes de Bogotá. Es necesario que recuerden, que tanto el texto del proyecto del POT como el que va a adoptar la administración de la alcaldesa Claudia López están cobijados bajo una misma Constitución y una misma Ley y que por tanto deben respetar iguales principios y bases jurídicas. Teniendo en cuenta lo que une al proyecto negado y al que se prepare y adopte, considero que el primero deberá ser ajustado aprovechando las etapas ya adelantadas y teniendo en cuenta las observaciones del Consejo Territorial de Planeación y de la ciudadanía. Por tanto, no se podría afirmar válidamente que se han perdido los últimos 4 años si no se arranca de cero y se aprovechan los estudios realizados y las consultas ya formuladas. Al final todos queremos el progreso de la ciudad capital y la calidad de vida de los que residimos en Bogotá y para garantizarlo están nuestros representantes.
